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Derechos Humanos

LA EVOLUCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO

Este es uno de los principales temas en la historia universal, Jorge Carpizo asegura que lo que define y caracteriza a un sistema político es el reconocimiento y protección real de los Derechos Humanos  ya que esto constituye la base y finalidad de toda estructura jurídico- política y le otorga  valor. Para conocer el marco jurídico que protege los Derechos Humanos en el País podemos realizar dos preguntas. ¿Cómo están establecidos y cómo operan en la realidad las garantías individuales o derechos individuales? Y ¿Qué mínimos económicos y sociales se les aseguran a los individuos y cómo operan en la realidad?

En México, aunque la preocupación por los Derechos Humanos ha sido y es un tema constante desde su formación como país independiente, aún es necesario lograr una mayor efectividad en cuanto a la protección de éstos; sin embargo se puede observar la evolución constitucional en esta materia.

Desde el primer proyecto de constitución  se presentaban los derechos de la libertad, manifestando la prohibición de la esclavitud y la libertad de imprenta. Más adelante en la constitución de 1814  se presentaron los derechos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad en un apartado que llevaba este título. La primera constitución federal le dejó que las constituciones estatales contuvieran  ésta declaración. A partir de ese momento las siguientes constituciones (1836, 1843, 1857 y 1917) han contenido diversas declaraciones en cuanto a los derechos humanos. De modo que como afirma el autor “los mexicanos nos sentimos orgullosos de que la primera declaración constitucional de derechos sociales se encuentra en nuestra constitución de 1917”. Se puede decir que el constitucionalismo social nació en México con la constitución de 1917, ya que incluía dos aspectos sociales muy importantes y relacionados entre sí; el artículo 5° relativo a la libertad de trabajo y el problema de las tierras y el campesino.

Partiendo de la afirmación que el  hombre es una persona jurídica por el hecho de existir, la declaración mexicana de derechos humanos está contenida en dos partes: a) las garantías individuales, que son la medida en que la constitución protege el derecho humano de manera individual y concreta, y b) las garantías sociales, que son el complemento de las garantías individuales y llevan la idea de igualdad de oportunidades.

Las garantías individuales se dividen en tres partes, igualdad, libertad y seguridad jurídica; siendo la prohibición de la esclavitud, títulos de nobleza y fueros ejemplos de la primera. Planeación familiar, libertad de trabajo, posesión de armas, libertad de información, conciencia, e imprenta ejemplos de la segunda y derecho de petición, contestación e irretroactividad de la ley ejemplos de la tercera. Estas garantías sólo pueden ser suspendidas temporalmente en casos de invasión u otro que ponga  a la sociedad en grave peligro, de ninguna manera deberá recaer sobre un determinado individuo y el presidente debe especificar cuáles garantías y en qué parte del territorio se solicita se suspendan.

El congreso es el encargado de darle esta autorización al presidente. En la historia esto solo ha sucedido tres ocasiones, la última vez en 1942, cuando México le declara la guerra a las potencias del eje bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho por el tiempo que México estuviese en guerra, período que duró 6 meses e inmediatamente las garantías individuales regresaron a su vigencia en su totalidad.

Por otra parte las garantías sociales certifican que cada hombre cuente con los satisfactores económicos y culturales mínimos para realmente llevar una vida humana y digna. Se dividen en 1.educativas, permitiendo a la nación “regular  los recursos naturales susceptibles de apropiación para que redunden el beneficio social y con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida rural y urbana” (Art 27°. III)  2.Las garantías de régimen patrimonial precisan principios importante para la vida económica del país, otorgándole mayor jerarquía a la clase social sobre la particular y prohíben todo “acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia… lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general i de alguna clase social”.

Además los tratados y convenciones internacionales han ayudado a enriquecer el catálogo de derechos humanos en México. Al ser firmados y ratificados por el Estado, los derechos tienen valor constitucional aún cuando no se encuentre explícitamente escritos en nuestra constitución, salvo aquellos puntos donde México haya emitido alguna reserva. Algunos textos internacionales a los que México está suscrito son:

  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – 1966
  • Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales – 1966
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos -1969
  • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer-1979

El  principal instrumento para la protección de estos derechos en México es el “juicio de amparo” se caracteriza por ser el poder judicial federal el encargado de su conocimiento y resolución sin embargo según los datos de Amnistía Internacional  México no se encuentra entre los países cuya protección a los derechos es más efectiva, a pesar de éste mecanismo. Es por esto que se han aprobado varias reformas en materia Derechos Humanos durante el transcurso del presente años.

Estas reformas responden a las necesidades de las personas, grupos y sociedades, que al garantizarlos se promueve el ejercicio de la dignidad. Las  reformas constitucionales modifican desde el enunciado del Capítulo I del Título Primero y los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reforzar el criterio universalmente aceptado de que los derechos no son producto de una concesión del Estado ni de un acto legislativo, sino constituyen un ámbito de libertad propio del ser humano que debe ser amparado por el Derecho y por las instituciones.

En las reformas, se hace un listado de aquéllos derechos que no podrán ser restringidos ni suspendidos en caso de una declaratoria de Estado de excepción (recogidos del artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos), así mismo se establece que no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Un punto muy importante es el que establece, que las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas por la CNDH deberán publicar las razones de su negativa, de igual manera, los servidores públicos estarán obligados a responder a las recomendaciones y en caso de no hacerlo deberán fundar y motivar su negativa y podrán ser llamados a comparecer ante el Senado, la Comisión Permanente; en el caso de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se comparecerán ante la legislatura local para explicar el motivo de su negativa.

Estas reformas le dan peso al sistema de protección de los Derechos Humanos, así como una mayor relevancia al trabajo realizado por las Comisiones de Derechos Humanos tanto Nacional como Estatales. Esperando que el nuevo marco jurídico puedan servir a su vez para que las autoridades utilicen su posición a favor de la sociedad y no en detrimento de ésta. De igual forma, es importante remarcar que la misma sociedad debe estar informada, tanto de los Derechos como de las reformas que se realizan en torno a las leyes y mecanismos de protección.

Definitivamente en papel se puede plasmar un catálogo de derechos y un listado de mecanismos encaminados a hacerlos valer; sin embargo, es un trabajo colectivo el hacer efectivos los mecanismos de protección. El respeto hacia los Derechos ajenos y la tolerancia para otros grupos de personas son dos valores que todos debemos tener en cuenta. Aún con estas reformas a México le queda mucho camino por recorrer para subir en el ranking de los países con mayor protección hacia los Derechos Humanos.  Y en lo personal pienso que se están dando los pasos adecuados, a pesar de los retos que el 2012 y el futuro puedan traer.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Buergenthal Thomas, “Derechos Humanos Internacionales” 2ª ed. México,  Gernika 2002 pp.31-47

Ollé Sesé Manuel et-al “Derecho internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadano” España, Anthropos 2009 pp.19-43

Carbonell Miguel, “Los Derechos Fundamentales” Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, México 2004 p.66-115

Carpizo Jorge, “Estudios Constitucionales” México, UNAM, 1980 p. 481-492

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2481/6.pdf

http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2834/24.pdf

“Diagnóstico de la situación de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán” Revista Sentido Humano Vol. 15  Noviembre 2010

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf

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LIC. Political Science and international Relationships. Interests: Diplomacy and Consular Law Human Rights Culture around the world Religion Travel and Turism Languages: Spanish, English, French, Italian, Portuguesse, Basic Arab.

Comentarios

8 comentarios en “LA EVOLUCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO

  1. Del Estado católico al Estado laico en México

    Dr. Octavio Rodríguez Araujo
    No puedo referirme al tema del Estado laico y las libertades circunscribiéndome al siglo XXI. Lo que estamos discutiendo tiene una historia, y ésta, para mí, debe ser tomada en cuenta. La ofensiva de la Iglesia contra la laicidad no cayó en México como un aerolito inesperado. Tiene un pasado y lo que se dice ahora es lo mismo que se argumentó antes. Nada ha cambiado sustancialmente, salvo que en el presente la clerecía católica tiene más simpatizantes que hace 85 o cien años, tanto en el gobierno como en los partidos. Por otro lado, conviene recordar que México no nació como Estado laico con la independencia, sino que el laicismo fue un largo y accidentado proceso y, a la vez, una reacción a las intromisiones de la Iglesia católica en la vida pública y política del país.
    Los 300 años de colonialismo que vivió nuestra nación antes de la independencia hicieron mella en asuntos religiosos y otros que por el momento no toco. Se impuso la religión católica y ésta prosperó sobre las otras que profesaban, antes de la conquista, los pueblos indios de lo que sería el Virreinato de la Nueva España.
    Con las reformas a la Constitución de 1857, llevadas a cabo el 25 de septiembre de 1873, se ratificó la separación entre el Estado y la Iglesia y que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. El proyecto de Carranza del artículo 24 de la Constitución, que quedaría plasmado en la Carta Magna aprobada en 1917, estableció que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y que ningún acto religioso de culto público deberá celebrarse fuera de los templos.
    Los episodios de enfrentamientos entre la Iglesia católica y el Estado fueron mitigados en parte por Cárdenas y sobre todo a partir del gobierno de Ávila Camacho. Pero la Iglesia no cedió, si bien su tono fue menos beligerante.
    Con las reformas de Carlos Salinas de Gortari de 1992, se mantuvo el principio de separación entre Estado e iglesias (y no sólo Iglesia), pero las iglesias y agrupaciones religiosas tendrían (tienen) personalidad jurídica una vez que estén registradas.
    Salinas, pues, atendió algunas de las exigencias de la Iglesia católica, principal e históricamente, en contra de esos dos artículos constitucionales y tanto priístas como panistas, principalmente, aprobaron sus reformas en la esfera parlamentaria. En relación con la educación, el texto vigente del artículo 3° constitucional señala que si bien el Estado garantiza la libertad de creencias, la educación que imparta el Estado será laica, cual se sostenía desde 1917, con la salvedad de que en el texto original se decía que “ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”. Esta restricción fue omitida, por lo que las órdenes religiosas pueden tener y dirigir escuelas privadas con enseñanza no laica, es decir confesional.
    Podría decirse que Salinas, buscando la legitimidad que no obtuvo en las urnas, le dio a las iglesias (principalmente a la católica) armas para participar en política y en educación y para exigir más y más con la intención de regresar a la primera mitad del siglo XIX y terminar con la separación entre Estado e Iglesia e intentar, como en ese lejano tiempo, que la religión católica sea otra vez la religión de Estado en México.
    Con estas reformas el clero quedó más satisfecho, pero con el triunfo de Fox y de su esposa, que no figuraba en las boletas electorales, los jerarcas religiosos se envalentonaron y van por más. Ahora quieren que se enseñe religión en las escuelas públicas y, desde luego, están en contra del uso del condón, de la píldora anticonceptiva, de la llamada píldora del día siguiente y, por supuesto, del aborto.
    So pretexto de la lucha contra el aborto, que los católicos llaman “lucha por la vida”, y aprovechando la derechización de la política en manos del PAN (con El Yunque o sin él) y de priístas, la Iglesia católica está presionando por imponer sus valores sobre los demás tanto en las escuelas (siempre ha estado en contra de la educación laica) como en la esfera estatal y la vida familiar.
    Una cosa es que las iglesias tengan su derechos y otra que sus valores deban formar parte del las políticas públicas del Estado mexicano e imponerse a quienes no comulgan con ellos. Aprovechando esta coyuntura, la Iglesia católica ha exhibido la misma cara que mostró en tiempos de Calles en contra de la Constitución de 1917; es decir, tratar de poner por encima de nuestras leyes las creencias y los valores de su religión.
    Cuando se dijo en enero pasado, a nombre de Norberto Rivera: “Nosotros, pastores del pueblo de Dios, tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina” (La Jornada, 11/01/10); cuando se dijo lo citado, lo que se implicó fue que dichos pastores se han declarado en rebeldía ante las leyes que nos hemos dado los mexicanos.
    Ahora ya no les gusta el artículo 130 que aplaudieron en tiempos de Salinas, quieren más. Y no les gusta porque este artículo establece que “las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”. En el inciso e de este artículo se dice: “Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.”
    Subordinar o querer subordinar la Constitución general al catecismo Ripalda o a la Biblia o al Corán o lo que sea que represente un texto denominado sagrado, es una violación de dicha Constitución y del Estado laico que nos hemos dado los mexicanos (y que quieren revertir los curas). ¿No dice nuestra constitución que en México hay libertad de cultos y de creencias? Esto quiere decir que cada quien cree en lo que le da la gana, o no cree y, por lo tanto, observa o no los valores de su iglesia, si la tiene, siempre y cuando se someta, como ciudadano, a las leyes vigentes en el país.
    Los curas quisieron tener derechos, y los tienen gracias a Carlos Salinas y sus reformas legislativas, pero al lograrlos también adquirieron obligaciones, como individuos y como organizaciones. Y una de estas obligaciones es acatar la legislación y no llamar a desobedecerla sin caer en subversión y, eventualmente, en asociación delictuosa. En caso de que esto suceda, y ya sucedió con el texto leído en la Catedral metropolitana el 10 de enero, que les caiga el peso de la ley, comenzando por Rivera Carrera y sus cómplices ortodoxos y evangélicos que hicieron causa común con dicho propósito.
    De suprimirse el inciso e del 130, como llegó a proponerlo el senador Pablo Gómez, los ministros de cualquier culto podrían coligarse con fines políticos y llevar a cabo proselitismo a favor o en contra de candidatos, partidos o asociaciones políticas no pertenecientes a iglesia alguna. Igualmente, dichos ministros, podrían oponerse, sin sanción alguna y sin violar las leyes, a estas mismas leyes, a las instituciones de la república y a los símbolos patrios. Por si no fuera suficiente, los ministros de culto religioso podrían formar partidos políticos con símbolos o referencias religiosas y convertir los templos en ágoras políticas y de incitación a la subversión en contra del Estado mexicano.
    Se dirá que algunas de estas atribuciones que admitiría la derogación del mencionado inciso constitucional ya las ejercen los clérigos, como fue demostrado por su oposición a las leyes que permiten el aborto en el Distrito Federal bajo ciertas condiciones, pero una cosa es que se toleren tales licencias a las iglesias mexicanas y hasta al Vaticano (Estado extranjero) y otra que no tengan límites para hacer lo que quieran políticamente. El vocero de la Arquidiócesis de México aplaudió de inmediato la propuesta de Gómez y señaló que ya es tiempo de que los ministros de su iglesia dejen de ser “ciudadanos de segunda”. Un ciudadano de segunda, como lo fueron las mujeres en elecciones federales antes de que se les concediera el voto, no sólo no puede votar sino que tampoco puede ser votado. Sin embargo, no fue a este derecho al que se refirió el vocero Hugo Valdemar, puesto que el propio Código de Derecho Canónico impide a sus ministros religiosos postularse a cargos públicos por elección, sino a la libertad de expresión que los curas la tienen con las restricciones señaladas en el artículo 130.
    Lo que quiere la Iglesia católica en concreto, es plena libertad de expresión, lo cual en abstracto sería correcto. Pero como ciertamente los clérigos son ciudadanos de segunda, porque pueden votar pero no ser votados, lógico es que se conserve el inciso e del 130 como está, pues obedece a razones históricas y no a derechos abstractos que bien podrían ser concretos en otros países, como en realidad lo son.
    La historia mexicana nos enseña que si a la Iglesia católica, más que a otras, se le brinda el derecho de intervenir en política (en todo aquello que prohíbe el multicitado inciso), se servirá con la cuchara grande y al rato veremos a curas o monjas enseñando religión en las escuelas públicas o formando partidos políticos para explotar en las urnas los símbolos y los valores religiosos. Si por ahora se ha ganado en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 40 constitucional, para enfatizar el carácter laico de la República, con la reforma propuesta por el senador Gómez y sus aliados terminaríamos, gracias al pueblo católico (que tal vez forma mayoría), aboliendo la laicidad y convirtiendo al Estado mexicano en un Estado confesional y dogmático, de talibanes si estos fueran católicos.
    ¿Merecen libertad política quienes dijeron recientemente que sólo obedecen a dios y que toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa? ¿No fue esto lo que dijo el Cardenal Rivera hace poco en enero? ¿No fue su documento un llamado a desobedecer las leyes y a irrespetar las instituciones?
    Mejor dejemos el 130 como está y apoyemos la reforma que hemos propuesto en Ciudadanos en Defensa del Estado Laico al 40 constitucional. Como se ha dicho en diversos medios, el Estado laico garantiza no sólo la posibilidad de la democracia sino las libertades de todos sin interferencias intolerantes

    Publicado por Eliseo Rivera P | enero 2, 2012, 3:47 pm
  2. Te Faltan alguna Fechas && No digo que este Mal Solo que Esta Algo incompleto’ (Bueno yo are mi trabajo de aqui) asi que por eso te lo digo xD Bueno Gracias a TODA esa gente que se molesta en escribir textos que noa ayudan en algun momento’!! C:’ (gracias deverdad) && Pues C; sigannlo asiendo es importante tener fuentes donde no te pongan informacion erronea como hay una ORRIBLE pagina donde dice que las boimbas atomicas fueron construidas por Ronald Mc Donalds para destruir a Burger King && Carl’s Junior ._. && te quedas asi de No Mamess¬¬

    Publicado por maria | marzo 4, 2012, 11:58 am
    • En efecto maría. Podría completarlo o redactar una segunda parte… falta mucho más. Este fue un ensayo “breve” que realicé para un tarea… por eso tuve que ser precisa. Gracias por tu comentario. Si tienes dudas puedes preguntarme.

      Publicado por aparedes2114 | marzo 9, 2012, 1:41 pm
  3. Oye esque yo tengoo una duda asi muy enorme .. por que en mi tarea me dejaron el derecho humano mas reciente que se ah agregado :T pero la verdad no tengo idea y en google no aparece nada aparecen otras cosas que ni al caso :SS! Buenoo ~Graciass~ Si puedes contesta
    rme hoy muchisimass gracias ^^!

    Publicado por Marianaa! | marzo 28, 2012, 9:30 pm
    • Debido a la emergencia de nuevos valores, la aparición de nuevos paradigmas éticos y, en definitiva, el advenimiento de nuevas formas de organización social y tecnología hacen necesario reflexionar constantemente sobre el sentido de la relación entre los desarrollos técnicos y el entorno humano. Resulta evidente constatar que la tecno-ciencia está presente como uno de los hechos configuradores de la realidad actual, y que el mundo ha cambiado de forma sustancial a partir de ese impulso.
      “En un nuevo orden en el que la información se convierte en el recurso estratégico por excelencia, la falta de libertad de expresión hace que la vida humana pierda una de sus características más sustantivas. También surgen otras libertades esencialmente relacionadas con la anterior, a saber, la libertad de pensamiento en todas sus manifestaciones, y la libertad de buscar y recibir información.”
      Desde mi perspectiva, “los últimos o más nuevos” derechos son los llamados “Derechos de Cuarta Generación” estos comprenden lo relacionado a los avances de la tecnología. Tanto la libertad de expresión de las redes sociales, como el derecho a proteger información y datos de los usuarios. Otros Juristas incluyen el los derechos al medio ambiente y la bioética (derecho a decidir cuándo morir) en esta generación. Sin embargo no hay nada institucionalizado. Tampoco un nuevo tratado, convención o declaración que hable específicamente de esta generación de derechos. Por lo que los incluidos en ella son subjetivos al investigador.
      El Dr. Javier Bustamante Donas, Profesor de Ética y Sociología. Universidad Complutense de Madrid publicó el artículo “Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnológica.” En la revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación.
      Te paso el link de la revista, espero te oriente para tu tarea.

      http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm

      Publicado por aparedes2114 | marzo 29, 2012, 2:02 pm
  4. Querida Alejandra: Magnífica respuesta. Saludos y éxito.

    Publicado por fpool | marzo 29, 2012, 5:11 pm

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